CARTA ABIERTA A SEGOB.

Ciudad de México, Diciembre 2019.

Lic. Olga Sánchez Cordero

Secretaria de Gobernación

Apelando a la responsabilidad que confiere a su encargo, para la conducción de la política interior del país en un Estado Democrático y de Derecho, dirigimos a usted nuestra legítima inquietud sobre la reciente propuesta que tiene origen en el Grupo Parlamentario de MORENA, en la voz de la Senadora Soledad Luevano Cantú, que pretende la disolución de el Estado Laico, tal y como hasta hoy, está plasmado en nuestra Constitución, y que pone en riesgo la sana construcción de las relaciones entre gobierno y sociedad, diluyendo la separación de el Estado y asociaciones de culto, sea ésta de cualquier origen o denominación.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, establece que el Estado mexicano es laico, y el mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la Constitución, Tratados Internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros. Éste principio otorga garantías para ambos actores: Estado e Iglesia.

Hasta hoy, en México no existe una religión oficial, todos los grupos religiosos tienen igualdad jurídica y comprometen las mismas obligaciones y responsabilidades, de tal suerte que las leyes, las políticas públicas y los funcionarios y servidores públicos no tienen carácter ni injerencia religiosa de ninguna naturaleza, esto a su vez permite y garantiza la libertad de culto; el respeto a la diversidad de creencias, y el pleno desarrollo personal, ideológico o espiritual de las personas en plenitud, sin coerción ni intromisión del Estado.

En la iniciativa presentada por la Senadora Luévano, podemos destacar, con auténtica preocupación que a letra expresa se pretende, entre otras cosas: justificar la objeción de conciencia para abstenerse de actuar en aquello que contravenga a sus convicciones éticas; que se pueda justificar motivos religiosos para evadir responsabilidades civiles; que las organizaciones de culto puedan usar en forma exclusiva y para fines religiosos, bienes propiedad de la nación. Por mencionar algunos puntos por demás delicados.

Como ciudadanas y ciudadanos exigimos que se emita una opinión a la iniciativa, tal cual lo hacen cotidianamente en los procesos legislativos; y le den amplia difusión con un  pronunciamiento claro y firme respecto a la propuesta de la senadora Luévano por MORENA, con el que manifieste  su auténtica voluntad respecto a respetar el orden constitucional en materia de laicidad. En este sentido, observamos que dicha iniciativa, no responde a ninguna demanda de interés ciudadano, ni de la sociedad civil en su conjunto. Es plenamente identificable, que emerge del interés único y particular de algunos grupos, principalmente evangélicos, que no ocultan su interés por participar e incidir directamente en asuntos políticos, lo cual, por ende tendrá repercusiones en la construcción de la política pública.

Si bien, vivimos tiempos álgidos en la discusión ideológica y política, la imposición de visiones religiosas desde la institucionalidad, no abonarán a la reconciliación social ni a la unidad a la que tanto llama el actual Gobierno, por el contrario, la polarización se profundizará agudizando divisiones insanas y en perjuicio de la sociedad en su conjunto.

Hay que recordar que grandes enfrentamientos sociales en el pasado obedecieron a motivos religiosos. En México, tenemos la legislación adecuada para observar el principio de laicidad, a la vez que el de la pluralidad religiosa. No regresemos al país a etapas superadas, ni se ponga en riesgo la laicidad de la política pública, esencial para la garantía de los derechos civiles, como seguramente no escapa a su consideración jurídica y feminista.

Exponemos este texto para invitar a su persona, en calidad de Secretaria de Gobernación, pero también como ex ministra de la SCJN, conocedora y respetuosa de la norma, a vigilar la intención, contenido y posible destino de la iniciativa; y le solicitamos, con fundamento en el Artículo Octavo Constitucional, pronunciarse en tanto, a fin de brindar a la sociedad, una visión clara sobre el tema y la postura oficial del gobierno.